La República de Honduras ha tomado medidas para denunciar el Convenio del CIADI, un tratado multilateral que tiene sus raíces en los esfuerzos realizados por Estados Unidos y sus aliados, tras la Segunda Guerra Mundial, para establecer un orden internacional basado en el Estado de Derecho.

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El Convenio del CIADI creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es la principal institución internacional especializada en la resolución de diferencias relativas a inversiones entre inversores extranjeros y Estados.  Durante décadas, los Estados han consentido resolver sus controversias en el CIADI como medio para atraer la inversión extranjera y promover el desarrollo, garantizando a los inversores un foro neutral que no dependa de tribunales inciertos ni de exigencias políticas incompatibles con el Estado de Derecho.

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En los últimos años, los gobiernos extremistas de Bolivia, Ecuador y Venezuela han denunciado el CIADI, para luego enfrentarse a la respuesta negativa de la comunidad internacional; en un esfuerzo por impulsar su economía, Ecuador se reincorporó al CIADI bajo un gobierno centrista posterior.

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Cabe destacar que juristas hondureños se han unido para cuestionar la denuncia del Convenio del CIADI por parte del gobierno de Honduras, por ser contraria al derecho hondureño y nula. Esto se debe a que la denuncia no puede tener efecto legal sin la aprobación del Congreso Nacional de Honduras. 

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A pesar de los continuos ataques por parte de la Administración de Castro a las condiciones que protegen y promueven la inversión en Honduras, Honduras Próspera sigue creando oportunidades que fomentan el desarrollo de Honduras y subsanan las causas principales que conducen a la migración masiva hacia los Estados Unidos. La misión de Honduras Próspera es erradicar la pobreza mediante la generación de prosperidad como modelo de negocio. La premisa básica implica la inversión de capital privado para desplegar políticas públicas de vanguardia que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo para elevar a las comunidades que han consentido plenamente en ser parte de la ZEDE, al mismo tiempo que se impulsa al país en general.

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El año pasado, los empleos directos e indirectos creados por las empresas que operan en Próspera ZEDE beneficiaron a casi 4000 personas. Si se le permite crecer, Próspera tiene el potencial para crear decenas de miles de puestos de trabajo estables y bien remunerados para los trabajadores hondureños. No es de extrañar que la mayoría de los hondureños apoyan a Próspera ZEDE. Así lo demuestran encuesta tras encuesta desde 2021; mientras que cualquier opinión negativa representa un ínfimo 0.9% a 3.1% del electorado hondureño.

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Durante décadas, Estados Unidos ha sido uno de los principales defensores del orden internacional basado en normas, tan necesario para la preservación del Estado de Derecho. En el Congreso estadounidense existe un amplio apoyo bipartidista a la misión de Honduras Próspera. La verdad es que, al atacar a Honduras Próspera y denunciar al CIADI, el gobierno de Castro amenaza con sacrificar el sustento de miles de hondureños y repeler a los inversores internacionales. Todo esto se hace en la consecución de una agenda extremista vitoreada por la República Popular China, Venezuela y Cuba. 

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Pero no es demasiado tarde para mitigar el daño que se está causando. Lo único que tiene que hacer el Gobierno de Castro es cumplir la ley, respetar sus compromisos y abandonar sus esfuerzos por expropiar inversiones y negar a los inversores estadounidenses sus derechos básicos.

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Contacto: medios@prospera.hn

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