La semana pasada, los medios de comunicación hondureños informaron que una Sala Constitucional dividida revocó la sentencia de la Corte Suprema de Honduras de 2014 que respaldaba la constitucionalidad del marco de inversión de las ZEDE. El fallo de 3-2 supuestamente ignora la consolidada doctrina jurídica hondureña de los "derechos adquiridos," que protege a todas las empresas e inversionistas en Honduras de la aplicación retroactiva de cambios en la ley. El fallo reportado aún no es público y no puede tener efecto legal a menos que sea adoptado por una sesión plenaria de la Corte Suprema de Honduras.

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Si los informes son precisos, el fallo preliminar de 3-2 de la Sala dividida contraviene una orgullosa tradición legal hondureña, revocando docenas de decisiones judiciales de larga data que previamente respaldaban la doctrina de no retroactividad de "derechos adquiridos" (que, al igual que el marco de las ZEDE, está arraigada en la Constitución de Honduras).

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El reportado ataque sin precedentes de la dividida Sala en contra de la consolidada doctrina jurídica hondureña de los "derechos adquiridos" amenaza gravemente cada empleo, empresa e inversionista en Honduras. No hay nada que el gobierno de Honduras pueda ganar con tal fallo. No afecta la validez de las reclamaciones internacionales presentadas por los inversionistas estadounidenses, Honduras Próspera Inc. (EE.UU.-Delaware), el promotor y organizador de Próspera ZEDE y sus afiliadas St. John’s Bay Development Company LLC (EE.UU.-Delaware) y Próspera Arbitration Center LLC (EE.UU.-Texas) (“Honduras Próspera”). De hecho, lejos de proporcionar a Honduras una defensa contra el procedimiento de arbitraje en curso, tal fallo simplemente subraya el desprecio del Estado por su propia ley y compromisos, y solo fortalecerá el caso presentado por Honduras Próspera bajo el derecho internacional. La sabiduría y la prudencia deberían llevar a los magistrados plenarios a unirse a los disidentes en rechazar la amenaza que la posición mayoritaria de la Sala representa para la estabilidad jurídica, miles de empleos bien remunerados en Honduras, cientos de empresas y más de $150 millones en inversiones en las ZEDE.

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El voto decisivo en la Sala pudo haber sido emitido después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazara una impugnación del Gobierno de Honduras al árbitro internacional designado en el arbitraje internacional presentado por Honduras Próspera. Según el Presidente del CIADI y un experto legal consultado independientemente, la impugnación dilatoria del gobierno carecía de fundamento y su interpretación errónea del tratado aplicable no era sólida.

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Rechazar la decisión dividida, igualmente insostenible, de la Sala Constitucional y reafirmar la consolidada doctrina hondureña de la no retroactividad y los derechos adquiridos es de vital importancia para el futuro de Honduras. Hacerlo mantendría la puerta abierta a miles de millones de dólares en inversión extranjera directa en Honduras para generar cientos de miles de empleos bien remunerados y oportunidades para los hondureños. No hacerlo corre el riesgo de relegar a Honduras al estatus de estado paria.

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Las personas razonables deben prevalecer por el bien de Honduras. Honduras Próspera reitera una vez más su disposición a explorar la posibilidad de una resolución amistosa. Pero una resolución amistosa es imposible si un fallo radical anti-inversión destruye la posibilidad de certeza jurídica en Honduras, como sería la consecuencia de revocar la doctrina de los derechos adquiridos.

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Junto con los miles de hondureños y cientos de empresas e inversores que han hecho posible Próspera ZEDE, Honduras Próspera sigue plenamente comprometida con la defensa del Estado de Derecho y los derechos de propiedad para que nuestra visión compartida de una Honduras próspera se haga realidad.

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Contacto: medios@prospera.hn

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